Aplicación de la ley de dependencia en la Comunidad Valenciana(La verdad no es hostil)

La aplicación de la ley de dependencia se ha dejado en manos de las comunidades autónomas. Esto ha traído consigo profundas desigualdades en la medida que estas han mostrado un mayor o menor compromiso con los postulados de esta ley en lo referente a la ayuda/integración de los colectivos afectados por esta ley.

Y digo colectivos porque, si bien se ha querido meter en el mismo saco a todas las personas dependientes, lo bien cierto es que se trata de realidades muy diferentes, con necesidades diversas. Esta ley afecta lo mismo a las personas de edad avanzada, que a los enfermos mentales, a los discapacitados físicos, a los discapacitados intelectuales, etc.

Si uno ve los datos de solicitudes y dictámenes ve que hay cinco comunidades claramente descolgadas del resto, especialmente en los dictámenes, que viene a ser la aplicación de la ley.

(Gráfico de elaboración propia a partir de los datos del ministerio.)

Estas comunidades son Baleares, Murcia, Canarias y, sobre todo, Comunidad Valenciana y Madrid. A estas se unen para bajar la media Ceuta y Melilla, Castilla y León y Galicia.

Seguramente no es casualidad quién gobierna en cada comunidad autónoma y qué visión tiene de la discapacidad. La realidad que yo conozco es la de la Comunidad Valenciana, ¿gobernada? por el Partido Popular y que tiene una visión profundamente cristiana de la gestión del llamado Bienestar Social, una visión que le hace gestionar como un buen cristiano, dando su caridad a quien más pena le da o más le llora, no con igualdad de acceso a la solicitud y un baremo claro e igualitario.

¿Reconoce la administración de esta Comunidad su responsabilidad y la práctica congelación de la aplicación de la ley? No, claro que no. Las manifestaciones multitudinarias son acalladas en los medios oficiales, mientras se culpa a la administración del estado de no financiar suficientemente, lo cual es claramente falso simplemente viendo los números. Además se da el caso de que la intención de esta ley es dar más dinero para estas personas, financiando un euro el estado por cada euro que pongan las comunidades autónomas, pero por cada euro nuevo. Es decir, no para cofinanciar los servicios ya existentes, como pretenden los ¿gobernantes? de la Comunidad Valenciana, que quieren no solo no destinar más dinero, sino ahorrarse un poquito. Dando la nueva gestión además a empresas que cobran sus buenos dineros y de los que se sospecha pagan jugosas comisiones.

Estos señores quieren un traje a medida y que se lo paguen y no tiene el estado correa suficiente para aguantar a quien quiere subírsele a las barbas y a los bigotes.

¿Traje? ¿Pagado? ¿Correa? ¿Bigotes? Estoy teniendo un deja vu, y no es este ajeno al porqué de la falta de fondos en la Comunidad Valenciana.

Los datos que antes he incluido los comentaba hoy mismo en una jornada sobre dependencia Rosana Costa, Secretaria de Política Social de CC.OO., lo cual le ha parecido a Joaquín Martínez, secretario Autonómico de Autonomía Personal y de Dependencia, “hostil”... pero son solo datos, no piedras y la verdad, señores, no es hostil, es solo la verdad.